No
es verdad que, como tanto se repite en estos tiempos de desescombro moral, el
riesgo de despido vuelva al trabajador más eficiente; lo vuelve más sumiso, que
no es lo mismo. La amenaza de perder el empleo hace que el trabajador trate de
caer en gracia a aquel de quien depende que conserve su medio de vida. Si para
ganarse la voluntad del jefe ha de trabajar mejor, tratará de hacerlo. Pero bien
puede suceder que no sea ése el deseo de algún jefe.
Se
supone, aunque a veces sea mucho suponer, que un empresario privado aspira a
que sus trabajadores sean eficientes y cumplidores, pues de ello depende que
prospere su negocio y aumenten sus beneficios. Pero en el sector público las
cosas son diferentes. Aquí el dinero que gestiona quien da las órdenes en
última instancia no es suyo, sino de los contribuyentes. Un gobernante puede
abrigar la tentación de favorecer el interés de partido, o incluso el mero
lucro personal, en lugar del interés general. Si dispone de la facultad de
despedir a empleados como en el sector privado, puede optar por desprenderse de
los buenos trabajadores públicos que sirven a los intereses generales y son,
por ello mismo, un obstáculo a su ambición. La única garantía de que los
empleados del sector público son un contrapeso democrático ante el poder
político estriba en que solamente puedan ser apartados de su puesto cuando por
expediente disciplinario objetivo se demuestre que han incumplido gravemente
sus obligaciones. La legitimación del gobernante es la elección popular; la del
empleado público, la selección en procesos objetivos basados en los principios
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Otorgar
al gobierno la facultad de despedir a casi un millón de empleados públicos por
medio de expedientes de regulación para cuya consumación legal baste con
descapitalizar el ente público de que se trate es lo mismo que otorgar a tal
gobierno un poder dictatorial. Se asegura la servidumbre de los empleados del
Estado, cuya neutralidad e imparcialidad es tan importante para la pervivencia
de la democracia como la de los jueces. Estamos, pues, ante la aniquilación del
Estado de Derecho y el retorno a la concepción patrimonial del Estado. O sea,
el regreso al feudalismo.
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En este enlace se puede acceder al PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO COLECTIVO :
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