Era una acción simbólica y solidaria que ahora lleva aparejada una petición de condena del ministerio público por un importe insignificante.
Protestas de la CIG delante del juzgado / KIKO DELGADO (EFE)
Extracto del Diario El País
El importe del hurto no llega a 26 euros. La pena que la fiscalía
pide para cada uno de los seis imputados es de 60 euros (tres euros al
día durante un mes) y otros 275 euros a repartir entre todos para
indemnizar a la cadena de supermercados DIA que los denunció. Ayer quedó
visto para sentencia el juicio por una falta de hurto contra seis
desempleados ferrolanos de 28 a 55 años que, supuestamente, se llevaron
varios productos de un súper valorados en 25,37 euros para entregarlos
en un comedor social de la ciudad. Era una acción simbólica y solidaria
que ahora lleva aparejada una petición de condena del ministerio público
por un importe insignificante.
Fue un juicio rápido, apenas 30 minutos en la sala de Instrucción
número 1 de Ferrol. Más larga —dos horas— y concurrida fue la
concentración que la CIG organizó delante del juzgado para apoyar a los
seis procesados, rodeados de cámaras de televisión por la expectación
que suscitó su caso, y que fueron saludados con los aplausos espontáneos
de algunos viandantes.
Ocurrió el pasado 6 de junio, dos meses antes de que el alcalde de
Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), copase portadas
y titulares con su particular expropiación al Mercadona con fines
benéficos. El destino de los alimentos sustraídos por los seis
ferrolanos (arroz, galletas, pasta y legumbres, fundamentalmente)
también tenía por destino las ollas de la Cocina Económica de la ciudad
naval. En la caja entregaron una cartilla de desempleo como pago. Fue
una acción simbólica y reivindicativa organizada por la Asamblea de
Desempregad@s de Ferrolterra, tutelada por el sindicato nacionalista
CIG, que agrupa a una treintena de personas sin trabajo. Su coordinador,
Víctor Martínez, explica que únicamente buscaban “llamar la atención”
de la ciudadanía y poner el foco sobre la precariedad a la que se
enfrentan a diario miles de parados sin recursos ni cobertura social
para los que tener un plato de comida a diario “empieza a ser una
lucha”.
A la dirección del Maxi DIA de la plaza de España de Ferrol, el
establecimiento en el que pusieron en práctica su particular forma de
redistribuir los alimentos, no le hizo gracia la protesta de la CIG y
formalizaron una denuncia policial por apenas 25 euros en comida. El
secretario comarcal de la CIG, Xesús Anxo López Pintos, critica que la
causa, por una cuantía tirando a ridícula (25,37 euros) fuera admitida a
trámite “colapsada como está la justicia” y sostiene que en el juicio
“nada quedó probado”.
Los seis imputados admitieron ante el juez su participación en la
acción de la CIG pero negaron haberse llevado nada del supermercado. La
defensa, que pide la libre absolución, argumentó que en la protesta
participaron cerca de 30 personas y que no puede estar claro quién se
llevó los artículos. La fiscalía, sin embargo, mantiene la acusación
contra los seis y la multa colectiva de 275 euros. En la calle, la CIG
se desgañitó gritando consignas a favor de Carlos, Marola, Heri, Xosé,
Antón e Miguel Anxo, los seis desempleados acusados de hurto, a los que
la encargada del supermercado señaló como supuestos responsables. “No
tener trabajo no es un delito”, corearon los manifestantes concentrados a
las puertas de los juzgados de Ferrol.
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